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El Gobierno aprobó a finales de diciembre que los convenios colectivos autonómicos pasan a tener prioridad aplicativa sobre los estatales, es decir, que prevalecen sobre ellos, siempre que sean más beneficiosos para los trabajadores, una medida aprobada a cambio del apoyo del PNV a la investidura de Pedro Sánchez y que, según los expertos, agravará la brecha entre los trabajadores de unas comunidades y otras, y traerá «conflictividad e inseguridad jurídica».

La medida, incluida en el Real Decreto-ley 7/2023, ya considerado ómnibus por la cantidad de materias que regula, especifica que hay algunos asuntos en los que el convenio autonómico no puede meterse y que quedan reservados al estatal, como el periodo de prueba, las modalidades de contratación, la clasificación profesional, la jornada máxima anual, el régimen disciplinario, las normas en prevención de riesgos laborales o la movilidad geográfica. Sin embargo, sí que pueden establecerse condiciones distintas en cuanto al salario, los turnos o la jornada mínima de trabajo, es decir, lo realmente importante para los trabajadores.

Así, mientras antes los convenios estatales podían decidir que el salario (u otra cosa) era una materia en la que no podían entrar los autonómicos para que fuera homogéneo en todo el territorio nacional; ahora, el estatal no manda en este asunto y podrían establecerse diferencias entre autonomías, lo que según los expertos ahondará en la desigualdad de los trabajadores en función de la comunidad en la que residen y generará rigideces en el mercado. 

«Para las empresas con implantación nacional, los convenios colectivos autonómicos pueden mejorar las condiciones, lo que puede generar mayores brechas, ya que un andaluz no puede pedir que se le aplique el mismo convenio que a un vasco de la misma empresa. Dado que el convenio estatal ya no puede reservarse el poder sobre los salarios, se pueden agravar las diferencias entre los trabajadores de unas comunidades y otras», explica a EL MUNDO Victoria Caldevilla, socia de Andersen. La experta en Laboral señala que las materias en las que no pueden meterse los autonómicos son, en verdad, secundarias, ya que lo verdaderamente importante para los trabajadores es el salario y los beneficios que puedan obtener, como por ejemplo los complementos en caso de Incapacidad Temporal o los seguros, y en esos ámbitos es donde puede haber muchas diferencias territoriales.

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