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Aire para el campo con la reforma laboral

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Raquel de la Viña reflexiona en esta tribuna para Diario ABC sobre la reforma laboral aprobada recientemente aprobada, los pormenores de la misma, y especialmente cómo afecta al campo en ámbitos como la temporalidad

Llevamos meses con mucha tensión ante la posibilidad, más cierta en unos momentos que en otros, de que los contratos a temporeros desaparecieran con la reforma laboral que llegará con el Año Nuevo. Hemos leído noticias tanto de la configuración del contrato por circunstancias de la producción, como de los límites que se barajaban de un 15% sobre el total de la plantilla.

La solución que se daba al campo era utilizar el contrato fijo-discontinuo, que podría parecer una solución a ojos extraños, pero que la familia agraria coincidía que no podrían usar por las especialidades de muchas campañas, sin que se pudiera cubrir la demanda de trabajadores en momentos de recolección y teniendo un exceso de plantilla el resto

 del año.

A lo largo de los últimos momentos de negociación hemos notado cómo la tensión se desplazaba a otros puntos de conflicto, y desaparecían las posiciones de máximos entre las tres partes negociadoras, lo que auguraba realmente que se alcanzaría un acuerdo entre todas las partes, como finalmente ha pasado el mismo día 22 de diciembre. No es necesario que la reforma se firme por todos para que llegue el dinero de Europa, pero con esta nueva situación el Gobierno puede ofrecer una imagen reforzada, y presentar una reforma laboral que tenga garantías de mantenerse en el tiempo con un acuerdo firmado por todas las partes.

En este caldo de cultivo los porcentajes de temporalidad han desaparecido del último borrador, y se ha ampliado el concepto mismo de «circunstancias de la producción». Ahora se permite que estos contratos se puedan usar para campañas ocasionales y que puedan ser previstas por los empresarios, incluso tratándose de la actividad normal de la empresa. También se permite su utilización en situaciones que tengan una duración mínima y determinada. Por tanto, las campañas del campo, de siembra, poda y recolección, entrarían dentro de la determinación completa del concepto: son ocasionales, previsibles y de una duración mínima y más o menos determinada.

Todo indica que el texto final que se publique el 31 de diciembre habrá sorteado ese bache. Sin embargo, existe un problema real de temporalidad en el sector agrario. Según datos de Eurostat (Oficina Estadística Europea), la temporalidad en el sector agrario español es muy superior a la media europea: España está en un 53,9%, mientras que la media de la Unión Europea es del 28,6%. No olvidemos que Europa nos obliga a reducir ese porcentaje, por lo que debemos plantear soluciones alternativas para que el campo no sufra y se desprestigie.

Por tanto, no nos podemos llevar a engaño o dejar atrapar por la ilusión de un objetivo conseguido. Las condiciones de temporalidad se endurecerán, y las campañas de la Inspección de Trabajo se van a centrar aún más en perseguir el fraude en los contratos temporales. Recordemos que el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2021-2023 tiene como uno de sus objetivos principales reducir el fraude en la temporalidad, y se ha reforzado con un importante aumento de su dotación presupuestaria. Esto significa que seguirán las campañas de detección de fraude en el campo.

Y si no se consigue el objetivo de reducir la temporalidad, en general y en los sectores con mayores tasas, como éste, nos espera otra reforma en 2025, tal y como prometió la Ministra Yolanda Díaz a Bruselas. Por tanto, debemos seguir trabajando para conseguir medidas alternativas que permitan cambiar el modelo de trabajo agrario, resolver los problemas de falta de mano de obra y dependencia de quién sea el mejor postor para conseguir trabajadores que puedan acudir a nuestros campos, aportando una mayor seguridad a todos, tanto empresas como trabajadores.

Raquel de la Viña es asociado sénioren el área Laboral de Andersen.

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