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Hidrógeno verde: retos regulatorios

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La consecución del objetivo de descarbonización de la economía europea en 2050 exigirá el empleo masivo de tecnologías basadas en el uso del hidrógeno de origen renovable durante las próximas décadas.

El potencial del hidrógeno es vastísimo, tal y como resalta la Agencia Internacional de la Energía en el informe The Future of Hydrogen. El hidrógeno es un elemento abundante, ligero, almacenable, reactivo, con un alto contenido energético por unidad de masa, que puede producirse a escala industrial a partir de una amplia gama de fuentes de energía bajas en carbono, no contaminante y con una evolución previsible de colocación en costes competitivos en un horizonte a corto plazo.

El hidrógeno no es un nuevo vector energético. Su empleo industrial a partir del reformado de gas natural viene de lejos y está ampliamente asentado en la industria química o del refino. La novedad reside en la apuesta por un hidrógeno producido a través de la electrólisis impulsada por energías renovables que supone conseguir una huella de carbono, prácticamente, cero frente a las formas tradicionales de su empleo.

La disminución del coste de las energías renovables, la evolución tecnológica (que permitirá reducir en un escenario de economías de escala, a su vez, el coste de los hidrolizadores en un 40% en los próximos años) y la urgencia política, climática, económica y social por reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero son las razones del enorme crecimiento que se espera del hidrógeno, en la próxima década.

Su uso se prevé tanto como combustible (sustitutivo del gas natural en calefacción, en la propulsión de aviones, trenes o barcos, o en su empleo en el diésel sintético, combinado con tecnologías de captura de CO2), como en los denominados proyectos power-to-x, de generación, almacenamiento y empleo de hidrógeno producido con excedentes de energía de origen renovable para su uso como mecanismo de estabilización en un mix energético dominado por energías renovables.

La apuesta de la UE y los fondos 'Next Generation'

Las ventajas y esperanzas ambientales, económicas y geopolíticas depositadas en el hidrógeno verde han dado lugar a que la Unión Europea haya apostado en firme por ello. La Estrategia Europea del Hidrógeno ha fijado como objetivo la instalación de, al menos, 6 gigavatios de electrolizadores de hidrógeno y la producción de hasta 1 millón de toneladas de hidrógeno renovable en 2024, para alcanzar en una segunda fase, de 2025 a 2030, la instalación de 40 gigavatios de electrolizadores y de hasta 10 millones de toneladas de hidrógeno renovable. Las inversiones acumuladas estimadas podrían alcanzar los 470 mil millones de euros hasta el año 2050. Se trata de una apuesta atrevida, que se ve reforzada por el papel que deberán jugar, a modo de catapulta, los fondos Next Generation en la consecución de los objetivos climáticos.

Los objetivos climáticos son uno de los elementos vertebradores del Plan Europeo de Recuperación (Next Generation EU) y del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia. Los Estados deben presentar, en breve, proyectos de inversión y reformas que apoyen la transición a una economía neutra en carbono en los ámbitos de la energía, el transporte, la industria, la economía circular, la gestión del agua y la biodiversidad. Los proyectos de hidrógeno verde representan el ejemplo de proyectos cuya inclusión en los planes de recuperación y resiliencia viene solicitando encarecidamente la Comisión a los Estados miembros, en sus comunicaciones sobre las estrategias de crecimiento anual sostenible.

El marco regulatorio español

El marco regulatorio español no está todavía preparado para gobernar este proceso de manera eficiente, certera y segura. El ordenamiento jurídico español no dispone de un marco específico ambiental, industrial ni fiscal para el hidrógeno con garantía de origen renovable, sino que éste se rige por la normativa aplicable a cualquier otro gas inorgánico obtenido en el ejercicio de una actividad propia de la industria química.

Entre otras carencias, la normativa española no atiende a umbrales de producción, no discrimina en función del carácter renovable o no de la fuente de producción, no contempla su integración con otras instalaciones (metalúrgicas o de generación de energía eléctrica) ni plantea regímenes de autoconsumo lo que, como apunta HyLaw en el Informe de recomendaciones legislativas para el sector del Hidrógeno en España, limita los lugares en los que esa actividad se puede realizar al tiempo que implica importantes barreras de entrada a su desarrollo.

La tecnología, ecología y economía han adelantado a la regulación. Ello no es per se una mala noticia. Más bien, al contrario, ofrece al regulador los elementos necesarios para definir un modelo óptimo, por eficiente, de gobernanza legal, fiscal y administrativa. Un modelo, en definitiva, alejado de una regulación ajena a una realidad que obligue a esta a buscar, sin certidumbre, su acomodo a una norma, en ocasiones, "de obligado incumplimiento".

El marco regulatorio definirá la estructura de los negocios jurídicos en torno al hidrógeno. Su Hoja de Ruta, aprobada por el Gobierno el pasado octubre, identifica algunos de los campos, necesarios, pero no suficientes, en los que deberá trabajarse.

Las obligaciones que recaigan sobre los promotores de estos proyectos diferirán sustancialmente en función de la posición que se adopte en su tratamiento fiscal y en la tramitación de los permisos necesarios para la puesta en funcionamiento de una instalación de producción de hidrógeno. La definición de la permitología será vital para que los objetivos temporales y estratégicos puedan alcanzarse. El regulador tiene la pelota en su tejado. Confiemos en que, por encima del barullo actual y cortoplacista que parece dominar la escena pública, se imponga, al menos en este campo, el sentido de una política de Estado y de un proyecto-país.

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