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La protección del socio minoritario en los nuevos planes de reestructuración

El pasado 26 de agosto, el Congreso de los Diputados de España aprobó la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, para la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, Directiva sobre reestructuración e insolvencia

El pasado 26 de agosto, el Congreso de los Diputados de España aprobó la ya ansiada Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, para la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, Directiva sobre reestructuración e insolvencia, (en adelante “TRLC”). 

El TRLC, en su art. 631 establece que la decisión de los socios sobre el plan de reestructuración será necesaria si el mismo contiene medidas que requieran de su acuerdo. Sobre la base de tal premisa, los socios deberán someter a votación el plan de reestructuración en el seno de la junta general, con las especialidades recogidas en el citado artículo, y entre las que se encuentra que deberá aprobarse por mayoría ordinaria, sin que resulten aplicables mayorías estatutarias reforzadas.

Una de las cuestiones que más controversia está generando -y aún no ha entrado la norma en vigor- es el papel del socio en este nuevo instrumento preconcursal. El papel del socio es relevante por diferentes motivos. En el caso de los mayoritarios, porque en el supuesto de que rechacen el plan, los acreedores podrán instar una “ejecución por apropiación”, es decir, en supuestos de insolvencia actual e inminente (art. 640 TRLC), con las mayorías del art. 629 TRLC, los acreedores pueden imponer a los socios el plan de reestructuración aún en contra de la voluntad de estos. En el caso de los minoritarios, porque como en todo acuerdo societarios, va a poder ser objeto de abuso de la mayoría. Surge por tanto el interés de analizar qué vías de tutela tiene el socio minoritario si ve perjudicados sus derechos, y/o el acuerdo de junta o el plan de reestructuración, contravienen la ley.

Sobre la base de tal premisa, nos gustaría destacar algunos supuestos que se darán en la práctica:

En primer lugar, el socio minoritario podrá verse afectado por el plan de reestructuración si el mismo no cumple el principio de igualdad de trato entre los socios. Tal acuerdo podrá considerarse abusivo, si bien, para serlo, deberán cumplirse los requisitos del art. 204 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), es decir, que se imponga por la mayoría, deberá perjudicar a la minoría, y no encontrar justificación en una necesidad razonable de la sociedad. Este último requisito es el que quizá sea más difícil de apreciar. Si el plan de reestructuración, aun tratando a los socios de forma desigual, es valioso, en tanto existe excedente asociado a la reestructuración, y las medidas que recogen son adecuadas y proporcionadas para garantizar la viabilidad de toda o parte de la sociedad, entenderíamos que no podría considerarse abusivo. Por el contrario, consideramos que podrá considerase abusivo el acuerdo si la sociedad no se encuentra en ninguno de los tres estadios de la insolvencia, o el plan no es adecuado para evitar el concurso y asegurar la viabilidad de la empresa.

En segundo lugar, puede que el plan no respete la hipotética cuota de liquidación del socio. Entendemos que un plan de reestructuración que perjudique a los socios, por cuanto no les garantice al menos el valor que recibirían en caso de liquidación concursal, sería contrario a la legislación societaria, y cabría su impugnación.

Por último, puede que el plan de reestructuración haya sido aprobado en concurrencia de alguna o algunas causas del art. 656.1 del TRLC. Estas solo se contemplan para los planes de reestructuración no aprobados por los socios. La cuestión, -aún por resolver y que la deberá dar la jurisprudencia-, es si cabe la impugnación indirecta del plan de reestructuración vía impugnación del acuerdo de junta general que lo apruebe, por concurrir en este algún motivo del 656.1 TRLC.

Por ejemplo, cabría valorar la posibilidad de impugnar una junta general que haya aprobado un plan de reestructuración, el cual infrinja la regla de la prioridad absoluta.  La regla de la prioridad absoluta, contenida en el art. 656.5º, establece que ningún acreedor, a consecuencia del plan, puede recibir derechos, acciones o participaciones por un importe superior al de sus créditos. Tal caso consideramos que podría ser susceptible de impugnación ex art. 204 LSC por infracción de ley, o en función del caso en concreto, y si se cumplen los requisitos, por abusivo.

En tanto no se reconoce legitimación a la minoría disidente para impugnar el plan, las anteriores causas de impugnación deberán canalizarse vía infracción de la legislación societaria - en base a la remisión a la legislación societaria que lleva a cabo el art. 631.3 TRLC- mediante la impugnación del acuerdo de junta general de aprobación del plan. En tal caso, conforme lo dispuesto en el artículo 631.5ª del TRLC, tal acción de impugnación se deberá entablar en el plazo de impugnación del plan, ante el juez competente del concurso, y se tramitará como cuestión incidental de previo pronunciamiento acumulándose a las oposiciones u impugnaciones del plan por parte de los acreedores. La estimación de la acción implicaría que se anulará la junta general, por lo que el plan pasaría a considerarse no consensual, justificando ahora sí la oposición o impugnación del auto por los socios que hubieran votado en contra (ex art. 656.2 del TRLC).

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