El planeta hierve a fuego lento una intrincada y larga maraña de conflictos, a priori, regionales (por citar solo algunos: el conflicto israelí-palestino, que ha resurgido en el panorama geopolítico tras los sucesos del pasado 7 de octubre, la invasión rusa de Ucrania, ya por todos conocida, la eterna guerra civil siria, en la que están inmersos, entre otros actores, Rusia, EE.UU. y Turquía, el conflicto serbio, aun latente tras más de tres décadas y al menos cinco guerras, el del Alto Karabaj, remoto, pero de vital importancia geoestratégica para Europa, etc.) pero de cuyo resultado dependerá la hegemonía mundial a futuro

Cada día cobra más sentido aquello de que vivimos en un entorno VUCA (acrónimo formado por los términos en inglés, de “volátil”, “incierto”, “complejo” y “ambiguo”).

Por eso, el aumento del presupuesto en Defensa llevado a cabo por el ejecutivo español a finales del pasado año fue celebrado por gran parte de la opinión pública española; porque ese presupuesto, de 12.825 millones, es, desde luego, como lo han calificado fuentes ministeriales, un presupuesto para la paz. Y, precisamente, para canalizar tamaña inversión el pasado mes de mayo, la Secretaría de Estado de Defensa aprobó la Estrategia Industrial de Defensa 2023 (“EID 2023” o “EID”); estrategia que gira en torno a tres principios básicos y diez ejes estratégicos. Los principios, por contextualizar, son estos:

1. Aumentar el nivel de autonomía estratégica en materia de industria de defensa que permita reducir la dependencia de terceros.
2. Contribuir a la Europa de la Defensa.
3. Consolidar una Base Industrial y Tecnológica de Defensa (BITD).

En cuanto a los ejes, para este artículo, nos interesa el primero de los diez en que se divide la EID 2023, titulado “Capacidades Industriales Estratégicas de Defensa”. Y ¿Por qué resulta este eje de especial interés? Pues, en esencia, porque a través del mismo se hace lo que podríamos considerar la primera categorización de Capacidades industriales estratégicas de la Defensa (“CIED”), que se dividen en: críticas; relevantes; y resto de capacidades. Para cubrir las primeras y las segundas, esto es, las críticas y las relevantes, la EID 2023 considera que, en caso de haber capacidad nacional, se ha de apostar por “[…] los productos nacionales que mantengan la soberanía […]”; mientras que si no hubiese tal capacidad y, además, no se valorase como opción posible “[…] la inversión en un desarrollo nacional […]”, entonces, dice la EID 2023, “[…] se comprarán -los sistemas- a empresas extranjeras, con prioridad para las empresas europeas o socios preferentes OTAN”.  La regla es sencilla: preferencia al producto nacional frente al extranjero.

El objetivo,  si lo que se pretende es aumentar la autonomía de nuestra industria de defensa, es loable, pero, desde nuestro punto de vista, no casa sin embargo con el marco normativo de aplicación a las contrataciones realizadas el ámbito de defensa.

A tenor de este, de ese marco normativo -en el que, por aplicación supletoria de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (“LCSP”), continúan rigiendo los principios de libertad de acceso, publicidad, transparencia, no discriminación, igualdad de trato entre licitadores, eficiente utilización de los fondos públicos, etc.-, ese objetivo de la EID 2023, consistente en preponderar la solución nacional o siguiera europea frente a la extranjera, resulta, al menos en cierto modo, irrealizable. Porque supondría introducir en los programas de obtención de armamento un condicionante ciertamente discriminatorio, que colocaría a los licitadores españoles en una posición de ventaja frente a potenciales licitadores extranjeros y que, según el caso, podría incluso llegar a entrar en abierta colisión con aquel objetivo básico en materia de contratación: la eficiente utilización de los fondos públicos. Extremo este que, en última ratio, redundaría en una mayor merma de la efectividad y eficiencia de las inversiones de defensa nacionales y europeas. Piénsese y hago aquí un inciso que, aunque en los últimos años ha crecido exponencialmente, nuestra industria de defensa no dispone todavía de capacidades propias, lo suficientemente sólidas y competitivas, como otras potencias en sistemas de combate terrestre -el Leopardo 2E, tanque ensamblado en España, sí, pero concebido y fabricado, originalmente, en Alemania; los sistemas de misiles Patriot o los sistemas de obuses en dotación en el Ejército son ejemplos suficientes de ello-.

¿Deberíamos, en esta tesitura, apostar por un desarrollo nacional o, por el contrario, lo conveniente sería tratar de cubrir dichas necesidades mediante una fuente alternativa?

La pregunta la planteo de forma puramente retórica, para reflexionar y poner de manifiesto, al hilo de los objetivos de la EID 2023, que quizás sea el momento de atajar una necesidad que cada día se torna más apremiante: definir un modelo normativo que permita la efectiva realización de la EID ya no solo de 2023 sino también para años sucesivos; un modelo que no necesariamente tendrá que romper con la LCSP, pero que, de alguna manera, sí tendrá que saber acoger y dar forma a las especiales características del sector, incentivando y fomentando la colaboración público-privada, definiendo y normativizando esa herramienta acuñada en la EID 2023 de los planes de participación industrial, estableciendo o categorizando -si así se desea por parte del legislador- cuándo o en qué situaciones deberá apostarse por un desarrollo nacional, cuándo podrá acudirse a fuentes alternativas, flexibilizando la mecánica de contratación, etc.

Ahora, como cierre ya de este artículo, queda la pregunta: ¿Llegará ese marco regulatorio a tiempo para atajar de forma verdaderamente eficiente las necesidades de nuestras Fuerzas Armadas? O, por el contrario, ¿Lo hará ya cuando ese hervidero de conflictos se torne indigerible para nuestros intereses -nacionales y, por supuesto, europeos-? Lo veremos.