Hace poco más de una década no eran muchos los que estaban familiarizados con las siglas ESG - Environmental (medio ambiente), Social (sociedad) y Governance (gobierno corporativo) -. Sin embargo, hoy en día cualquier entidad, cotizada o no, tiene en cuenta todos o algunos de los criterios ESG en sus políticas y actividad.
Podría decirse que lo anterior tiene su origen en los dos grandes compromisos internacionales asumidos por parte de la Unión Europea (UE) en 2015 (i) la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible; y (ii) el Acuerdo de París (Cop21).
Asimismo, en marzo de 2018, se aprobó el Plan de Acción de Finanzas Sostenibles de la UE, el cual se entiende como la herramienta para financiar el Pacto Verde y el resto de los compromisos internacionales de la UE. Este Plan de Acción para la financiación de un crecimiento sostenible tiene 3 objetivos: (i) reorientar el flujo de capital privado hacia inversiones más sostenibles; (ii) integrar la sostenibilidad en la gestión de riesgos; y (iii) fomentar la transparencia y el largo plazo. Para ello, es necesario implicar a todos los agentes económicos, siendo: empresas, bancos y aseguradoras, gestores de activos e inversores institucionales, proveedores de servicios (agencias rating, proveedores de datos, etc), asesores financieros y consumidores.
En virtud de lo anterior, durante los últimos años se ha publicado un gran paquete normativo en materia de ESG que ha obligado a todo tipo de entidades a implementar un elevado número de acciones tendentes a cumplir con lo anterior.
Hasta el momento, los comités de auditoría de las entidades de interés público (EIP) centraban sus funciones en la supervisión de la información financiera y no financiera, la supervisión de la gestión y control de los riesgos, la supervisión de la auditoría interna, la relación con el auditor de cuentas, y la información a otros órganos de la entidad y a sus accionistas, entre otras. Si bien, como consecuencia de todo lo anterior, y dado que la comisión de auditoría es el principal responsable de elevar ciertas cuestiones al consejo de administración, también se le pide que asuma aquellos asuntos en materia de sostenibilidad.
El pasado 18 de diciembre de 2023, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sacó a consulta pública una revisión de la actual Guía Técnica 3/2017 sobre Comisiones de Auditoría de Entidades de Interés Público (EIP) (Guía Técnica 3/2017), que permanecerá abierta hasta el próximo 18 de marzo 2024.
La actualización de la mencionada Guía atiende a tres cuestiones fundamentales: (i) el tratamiento de la información sobre sostenibilidad y sus riesgos asociados; (ii) la inclusión de algunas recomendaciones trasladadas en 2019 por IOSCO en su documento de buenas prácticas sobre el rol de las comisiones de auditoría en la promoción de la calidad de las auditorías de cuentas; y (iii) la adaptación a la novedad introducida por la Ley 5/2021 respecto de las operaciones que las sociedades cotizadas llevan a cabo con partes vinculadas. Si bien, el principal motivo que ha impulsado la actualización de la Guía Técnica 3/2017 es la necesidad de adaptarla a la nueva normativa en materia de sostenibilidad, así como a las prácticas llevadas a cabo por las entidades.
Entre los principales aspectos que se incluyen en la revisión, destacamos, en primer lugar, la necesidad de que los miembros de las comisiones de auditoría cuenten, en su conjunto, con los conocimientos necesarios para evaluar y presentar al Consejo de administración de la entidad y sus accionistas la información sobre sostenibilidad; y, en segundo lugar, la importancia de incluir en los planes de formación periódica cursos en materia ESG para que la comisión de auditoría pueda desempeñar su papel y nuevo rol en materia de sostenibilidad de forma consciente.
Esta acción por parte de la CNMV supone un paso adelante que debe replicarse en otros ámbitos para que las entidades sujetas y órganos de gobierno conozcan los criterios y buenas prácticas que deben cumplir en materia de ESG.
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