El Congreso de los Diputados aprobó el 2 de diciembre la reforma de la ley de la cadena alimentaria que busca una relación más justa entre agricultores, ganaderos, industria y distribución. La iniciativa ha quedado lista, aunque sigue pendiente de su publicación en el BOE.

“Es la ley más importante del sector agroalimentario, la espina dorsal que regula todas las relaciones comerciales, desde el productor más pequeño hasta el mayor distribuidor”, asegura José Miguel Soriano, responsable del equipo de Agroalimentario de Andersen, firma que ha dado cobertura jurídica a la tramitación parlamentaria de la ley.

Soriano defiende que gran parte de la industria ha interpretado la fijación del coste efectivo de producción como una intervención del mercado. “El Gobierno ha intervenido el precio al exigir un mínimo, lo que puede atentar contra la competencia”, asegura. “La venta a pérdidas ha sido el punto más polémico, el que más tiempo ha ocupado en la tramitación parlamentaria”, prosigue el socio de Andersen. 

“La estricta aplicación de la ley de la cadena va a suponer que el consumidor va a tener que pagar más”, asegura Soriano. “La distribución tiene que respetar la obligación de comprar por encima del coste objetivo de producción, si compra más caro, venderá más caro. Es una cadena”, insiste el experto de Andersen.

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