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Las repercusiones de la Helms Burton un año después de la activación del Título III por el Gobierno de Trump

| Noticias | Cuban Desk

Ignacio Aparicio analiza las repercusiones de la decisión de Trump en los bienes confiscados por Fidel en Cuba

En mayo del año pasado, el Presidente de los Estados Unidos Donald Trump autorizó la entrada en vigor del Título 3 de la Ley Helms-Burton de 1996. Esto permitió a los estadounidenses a quienes se les confiscaron activos de cualquier tipo, tierras, propiedades o participaciones en empresas en Cuba con la Revolución de 1959 demandar a las empresas y ciudadanos que se han beneficiado de sus propiedades, ante los tribunales federales de los Estados Unidos. Una comisión de la justicia americana (la Foreign Claim Settlement Commission “FCSC”) había calculado en su día que podría haber miles de demandas. Solo el número de las que tendrían cierta viabilidad según dicho organismo podría ser de 5.913 (“reclamaciones certificadas”).

Más de un año después, de dichas reclamaciones certificadas sólo se abrieron 9 demandas en los tribunales estadounidenses para reclamar daños por el uso “indebido” de esos bienes confiscados por Fidel Castro (foto) y otras 20 de las que la FCSC no había conocido. Y están siendo sistemáticamente rechazadas por los tribunales. "Las personas que quieren demostrar que poseen o tienen algún derecho sobre una propiedad en Cuba necesitan obtener documentos de Cuba para acreditar sus derechos de propiedad, pero esto está siendo muy difícil", dice Ignacio Aparicio, un abogado español del bufete Andersen en Madrid. “A ello se suma la dificultad muchas veces de demostrar la plena condición de herederos por los reclamantes, de quienes en su día fueron expropiados”.

La actitud de Trump ha tenido al menos dos impactos en la isla comunista. Uno de ellos es reducir las inversiones, ya que los empresarios extranjeros y quienes financian sus inversiones han empezado a temer demandas por beneficiarse de las propiedades de otras personas. El otro efecto está relacionado con el Título 4 de la Ley Helms Burton. Por ello, se ha bloqueado la entrada a los Estados Unidos de algunos directores de empresas españolas con inversiones en la isla.

En febrero, el director de la cadena española de hoteles Meliá, Gabriel Escarrer, recibió una carta en la que se le prohibía la entrada a los Estados Unidos. La cadena tiene 37 hoteles en la isla y planea abrir dos más a partir del 2022.

España es el país que tiene más empresas demandadas en los tribunales de los Estados Unidos como resultado de la aplicación de la ley Helms-Burton. Además de Meliá, entre las empresas españolas demandadas presentes en la isla están NH, Iberostar y BBVA.

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