El pasado 1 de mayo entró en vigor la ordenanza de movilidad sostenible del Ayuntamiento de Madrid que restringe el acceso de vehículos sin distintivo ambiental (etiqueta 'A') al interior de la M-30. A partir del domingo, todos aquellos que no respeten las prohibiciones serán castigados con multas de 200 euros, que pueden quedarse en 100 si se abonan por pronto pago. Las sanciones se enmarcan dentro del plan Madrid 360, el programa impulsado por el alcalde José Luis Martínez-Almeida que establece zonas de bajas emisiones (ZBE) para bajar el nivel de contaminación en la capital y cumplir con las exigencias que establece la ley. Ahora bien, estas multas podrían tener los días contados.

Diego Luis Luque, abogado experto en derecho contencioso-administrativo en Andersen, indica que si la multa no es firme en el momento en que se impugnara la ordenanza, sería automáticamente nula, "ya que carecería del instrumento jurídico que le da cobertura". Es por ello que los letrados consultados recomiendan impugnar las multas que vayan llegando. Solo así, señalan, será posible reclamar la devolución si los tribunales anularan la norma eventualmente.

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