Es un debate del futuro, pero tiene más de una década. En 2010, César Alierta todavía era presidente de Telefónica y abría la veda contra Google. “Los buscadores de internet utilizan nuestra red sin pagar nada, lo cual es una suerte para ellos y una desgracia para nosotros”, zanjaba el exdirectivo en una conferencia. 10 años después, el nuevo presidente de la mayor operadora de España, José María Álvarez-Pallete, continúa con este legado —sin muchos frutos, de momento—. Este noviembre, varios directivos de las grandes telecos europeas reclamaron en una carta abierta que los gigantes de internet de EEUU debían compartir el coste que supone el despliegue y mantenimiento de las redes, ya que también se benefician de estas.

Se benefician con fuerza, de hecho. En octubre, el proveedor de internet surcoreano, SK Broadband, llevó a juicio a Netflix por la carga de tráfico desatada por la serie ‘El juego del calamar’, después de que en junio un tribunal de Seúl le hubiese dado la razón (sentencia que Netflix recurrió). Según SK, el tráfico de Netflix que soporta las redes del operador se disparó 24 veces desde mayo de 2018, llegando hasta los 1.200 millones de bits por segundo en septiembre. La estadounidense empezó a usar en 2018 una red dedicada a proveer de cada vez más contenido en vídeo para la audiencia de Corea a través de servidores en Japón y Hong Kong. Es decir, según SK, el éxito de Netflix supone una carga para el operador que la audiovisual debería de afrontar. Lo que SK quiere es que Netflix le pague como, por ejemplo, hizo en 2014 con el estadounidense Comcast Corp, donde formalizó un contrato para obtener servicios de ‘streaming’ más rápidos.

El caso del ‘Juego del calamar’ es un ejemplo extremo de una realidad más amplia. El quid de la cuestión es que las operadoras llevan años desplegando y mejorando las redes de telecomunicaciones que luego utilizan de forma masiva grandes empresas estadounidenses como Netflix o Amazon para proveer con sus servicios a los usuarios. Estos compromisos entran dentro de un corsé regulatorio que se mueve entre la Ley General de Telecomunicaciones, el Código de Comunicaciones Electrónicas o el Real Decreto 330/2016, entre otros. Todo, en un entorno de fuerte competencia por la proliferación de operadores y de desgaste a los balances de las compañías.

En la última década, Telefónica, Orange, Vodafone y (aunque mucho menos) MásMóvil han invertido más de 30.000 millones de euros en desplegar las redes de nueva generación de fibra y móvil 4G. Una inversión que, según defienden, permitió que los españoles se pudiesen conectar en masa durante el confinamiento. Ahora, el debate de la inversión en redes vuelve a saltar y coincide justo con la llegada del 5G.

Tras la subasta de los 3,5 GHz de 2018, este año se llevó a cabo la subasta del tramo de los 700 MHz por 1.100 millones repartidos entre Telefónica, Orange y Vodafone, quedando todavía pendiente la adjudicación del espectro en la banda ancha de 26 GHz (donde se incluirá el uso del 5G para la industria). Un despliegue que pone, de nuevo, de manifiesto quién se beneficia realmente de la inversión en innovación. En la carta abierta de la semana pasada, operadoras como Deutsche Telekom, Vodafone o Telefónica, entre otras (fueron un grupo de 13) argumentaban que el modelo actual “permite a los ciudadanos de la UE disfrutar de la transformación digital, pero solo será sostenible si las grandes plataformas también contribuyen a los costes de la red”. En la carta, no mencionaron ningún nombre, pero todos los ojos están puestos sobre compañías como Amazon, Netflix o Facebook.

En España, hay varias leyes que afectan al sector y que se están actualizando y trasponiendo desde Europa, como es el caso de la Ley de Telecomunicaciones o la Ley de Comunicación Audiovisual. Ambas intentan nivelar el terreno de juego frente a la nueva economía (con sus consiguientes polémicas), pero ninguna aborda este tema de la inversión en redes.

El concepto de la neutralidad tecnológica ya se incluye en la Ley de protección de datos y garantía de los derechos personales de 2018. Además, este principio se introduce de forma coherente en la nueva Ley General de Telecomunicaciones, explica Isabel Martínez Moriel, socia del despacho Andersen y responsable del área de Competencia.

Romper este principio podría traer problemas de competencia. “La razón por la que el principio de neutralidad tecnológica está consagrado en la legislación europea es para evitar que operadores que tienen el poder de cierre del mercado, como son los operadores dueños de las infraestructuras y las redes, puedan favorecer sus servicios y los de las empresas que les favorezcan comercialmente frente a terceros operadores independientes”, explica Martínez Moriel. Sin este principio, los operadores podrían extender “su poder de dominio a otros mercados adyacentes (como es, por ejemplo, el servicio 'streaming' de contenido), limitando finalmente las alternativas para los consumidores, desincentivando la innovación y, en definitiva, generando los efectos adversos de un monopolio a todos los mercados relacionados con las redes de comunicaciones”.

“Por ello, aunque, incluso inicialmente una iniciativa de no computar el tráfico generado con el propio operador parezca positiva para el consumidor, en realidad, lo que se apoyaría es la propia expulsión del mercado de operadores que necesitan las redes para ofrecer sus servicios y que son independientes, reduciendo drásticamente la competencia en favor de servicios integrados y en manos de muy pocos operadores”, argumenta Martínez Moriel.

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