El sector cinematográfico y audiovisual está viviendo en nuestro país un momento dulce, especialmente gracias al aumento en el número y calidad de las producciones nacionales, pero también al creciente interés extranjero por nuestras condiciones de rodaje. En parte, esta situación quiere ser consolidada por los incentivos fiscales del Plan de Impulso que tiene como objetivo convertir España en hub continental. En paralelo, otros dos factores pueden empujar al cumplimiento de los objetivos: la aprobación del proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual y la recuperación de la actividad en el estudio de la Ciudad de la Luz de Alicante. Y es que, el año pasado, fue levantada la prohibición europea que impedía utilizar esta infraestructura cinematográfica por haber sido construida con financiación pública y, por tanto, quebrantar las leyes de la competencia, según indicó la Comisión Europea en 2012. De este modo, esta instalación especializada, que pretende ser una de las mejores de Europa, servirá para centralizar el boom que vive la gran —y pequeña— pantalla española.

Según el informe de PwC Entertainment and Media Outlook 2020-2024, se espera que el sector crezca un 3,3% en nuestro país, hasta alcanzar los 35.567 millones de euros. Para contextualizar el porqué de la buena salud de esta industria y, sobre todo, cómo se debe canalizar este potencial, El Confidencial organizó junto a la Generalitat valenciana y CaixaBank el foro El impulso de la economía a través del sector cinematográfico y audiovisual. El encuentro, celebrado en el Distrito Digital de la ciudad alicantina, contó con la participación de Josefina Antonia Bueno, consellera d´Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital del Ejecutivo regional; Beatriz Navas, directora general del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) del Ministerio de Cultura y Deporte; Antonio Rodes, director general de Sociedad Proyectos para Transformación Digital (SPTD); Patricia Motilla, socia del despacho de abogados Andersen y responsable del área de Cultura, Deporte y Entretenimiento; Roberto Sacristán, director general de Aluzine y presidente de Alianza de la Industria Audiovisual (ALIA); Fernando Victoria de Lecea, CEO de Meñakoz Films y presidente de Profilm (Asociación de productoras españolas de audiovisual internacional), y Gerardo Herrero, productor en Tornasolmedia.

Motilla remarcó que “tenemos mucho a nuestro favor para convertir España en la locomotora de Europa en esta materia”. A los aspectos adelantados por sus compañeros de coloquio, la representante del despacho de abogados Andersen sumó “la seguridad, la estabilidad política y la legislación” como tres elementos que “nos hacen muy atractivos”. No obstante, la experta matizó que el punto negro se encuentra en que “los incentivos fiscales no son completamente entendidos por los productores porque varían mucho en función de dónde se ruede. Por ejemplo —continuó—, los porcentajes y ahorros son muy distintos en Canarias, Madrid, Navarra o Vizcaya, y esta complejidad está provocando que las películas se construyan al revés: ahora se realiza antes el estudio económico que el creativo o artístico”. En este sentido, Motilla pidió “aumentar la interlocución entre lo público y privado para llegar a convertirnos en un hub continental”.

Un tema en el que los tres participantes estuvieron de acuerdo fue la necesidad de potenciar la formación de los profesionales de este sector. El cine es igualmente una profesión para los carpinteros, electricistas y maquilladores. Si no podemos ofrecer este capital humano y profesional, tendremos una desventaja competitiva porque los proyectos extranjeros traerán sus propios equipos”. Para que esto no ocurra, Patricia Motilla propuso regularlo por ley: “Debemos obligar a las producciones que vienen de fuera a contratar a un porcentaje mínimo de profesionales españoles”, reivindicó.

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